El Congreso aprobó, contra el reloj, la ley de sometimiento impulsada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. El texto pasa ahora a sanción presidencial como sustituto de la llamada paz total, pero llega con una tensión difícil de disimular: ofrece descuentos de pena para desarmar estructuras criminales y, al mismo tiempo, promete que no habrá concesiones automáticas.

La exigencia de dureza atraviesa incluso a quienes respaldaron el trámite. La representante Eimy Suárez, ponente de la iniciativa, resumió el límite político con una frase tajante: “No queremos negociar la impunidad con nadie”.¹ Esa advertencia apunta al principal flanco del proyecto: que los beneficios penales no terminen desdibujando la responsabilidad de jefes y combatientes.

El texto aprobado intenta responder con condiciones concretas. Los miembros de base podrán obtener rebajas de hasta 50 % de la pena y los cabecillas de hasta 30 %, pero deberán entregar bienes, dinero e información sobre las finanzas de sus organizaciones. No se suspenden órdenes de captura ni extradiciones; además, quienes hayan sido condenados por reclutamiento de menores quedan excluidos del tratamiento diferenciado y los mandos deberán cumplir penas de al menos diez años.²

Para el Ejecutivo, esa arquitectura marca una ruptura con los diálogos políticos. El ministro de Justicia, Iván Cancino, sostiene que “no hay suspensión de órdenes de captura” ni de extradición y recalca que el modelo no es una negociación, sino un mecanismo de sometimiento.³ También asegura que el incumplimiento expulsa al beneficiario del proceso: “Si no cumplen, sencillamente no hay posibilidad de ninguna rebaja”.³

Ahí está el contraste central. El Gobierno vende una herramienta de orden público con dientes; los defensores de las víctimas y los sectores cautos aceptan el objetivo de desarticular grupos, pero miden su legitimidad por una vara más exigente: verdad, reparación y castigos reales antes que beneficios. La sanción presidencial cerrará el trámite legislativo, no esa discusión.